Parada, Guerrero y Nattino
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font: bold 9px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
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La ceremonia conmemorativa del vigésimo aniversario del secuestro y degollamiento de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino da cuenta de que el paso del tiempo no ha borrado la infame huella represiva de la dictadura.
Veinte años después sigue estremeciendo la brutalidad con que un servicio represivo secreto de Carabineros -la Dicomcar-, que respondía directamente a su entonces general director, César Mendoza, terminó con sus vidas. Los tres fueron secuestrados a plena luz del día -torturados- y sus cuerpos arrojados en la vía pública con la complicidad nocturna.
De nada valieron entonces las múltiples acciones para lograr que fueran liberados. Mendoza, incluso, dijo -con la levedad que caracterizó su vida pública- que habían sido “los comunistas”. Entonces y ahora sabemos que ese argumento fue un insulto a la dignidad de los chilenos. Parada, Guerrero y Nattino eran militantes comunistas, pero eso nunca podría justificar -menos “explicar”, como argumentaron los civiles partidarios del pinochetismo- la forma inhumana en que los mataron.
Parada y Guerrero tenían poco más de 30 años y su actividad era pública. José Manuel Parada, hijo de los notables actores Roberto Parada y María Maluenda, cumplía funciones en la Vicaría de la Solidaridad y Guerrero -que acababa de volver de su segundo exilio- era dirigente del magisterio y profesor en el Colegio Latinoamericano, en Providencia, de cuyo acceso fue apañado junto con Parada en la mañana del 29 de marzo de 1985. Nattino hacía años que no tenía militancia activa y trabajaba en forma independiente.
El juez José Cánovas Robles fue designado ministro en visita por la Corte de Apelaciones de Santiago. Su valiente y meticulosa investigación derivó, solo cuatro meses después, en la caída de Mendoza (“se está desgranando el choclo”, dijo el general) y el desmantelamiento de la Dicomcar. La propia CNI, sucesora de la DINA, aportó a la investigación, quizá para no seguir cargando con tanta sangre.
Pero no hubo justicia de inmediato. Al poco tiempo de la salida del jefe de Carabineros, la Junta dictó la llamada “ley Mendoza,” que permitía a toda figura pública “investida de dignidad” no declarar en los tribunales, sino que el juez debía apersonarse en el domicilio que aquella fijase.
Solo el retorno de la democracia permitió avances sustanciales en el caso. En 1994 el ministro en visita Milton Juica -quien reemplazó a Cánovas- dictó seis cadenas perpetuas, que la Corte Suprema dejó en cinco, las que recayeron en oficiales y suboficiales de Carabineros destinados a la Dicomcar.
El monumento en el mismo sitio donde fueron hallados los cuerpos, recuerda a las chilenas y chilenos que la lucha por verdad en los casos de las violaciones de los derechos humanos, la concreción de la justicia y la reparación -en lo que humanamente es posible- forman parte de las tareas permanentes de nuestra democracia....
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La ceremonia conmemorativa del vigésimo aniversario del secuestro y degollamiento de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino da cuenta de que el paso del tiempo no ha borrado la infame huella represiva de la dictadura.
Veinte años después sigue estremeciendo la brutalidad con que un servicio represivo secreto de Carabineros -la Dicomcar-, que respondía directamente a su entonces general director, César Mendoza, terminó con sus vidas. Los tres fueron secuestrados a plena luz del día -torturados- y sus cuerpos arrojados en la vía pública con la complicidad nocturna.
De nada valieron entonces las múltiples acciones para lograr que fueran liberados. Mendoza, incluso, dijo -con la levedad que caracterizó su vida pública- que habían sido “los comunistas”. Entonces y ahora sabemos que ese argumento fue un insulto a la dignidad de los chilenos. Parada, Guerrero y Nattino eran militantes comunistas, pero eso nunca podría justificar -menos “explicar”, como argumentaron los civiles partidarios del pinochetismo- la forma inhumana en que los mataron.
Parada y Guerrero tenían poco más de 30 años y su actividad era pública. José Manuel Parada, hijo de los notables actores Roberto Parada y María Maluenda, cumplía funciones en la Vicaría de la Solidaridad y Guerrero -que acababa de volver de su segundo exilio- era dirigente del magisterio y profesor en el Colegio Latinoamericano, en Providencia, de cuyo acceso fue apañado junto con Parada en la mañana del 29 de marzo de 1985. Nattino hacía años que no tenía militancia activa y trabajaba en forma independiente.
El juez José Cánovas Robles fue designado ministro en visita por la Corte de Apelaciones de Santiago. Su valiente y meticulosa investigación derivó, solo cuatro meses después, en la caída de Mendoza (“se está desgranando el choclo”, dijo el general) y el desmantelamiento de la Dicomcar. La propia CNI, sucesora de la DINA, aportó a la investigación, quizá para no seguir cargando con tanta sangre.
Pero no hubo justicia de inmediato. Al poco tiempo de la salida del jefe de Carabineros, la Junta dictó la llamada “ley Mendoza,” que permitía a toda figura pública “investida de dignidad” no declarar en los tribunales, sino que el juez debía apersonarse en el domicilio que aquella fijase.
Solo el retorno de la democracia permitió avances sustanciales en el caso. En 1994 el ministro en visita Milton Juica -quien reemplazó a Cánovas- dictó seis cadenas perpetuas, que la Corte Suprema dejó en cinco, las que recayeron en oficiales y suboficiales de Carabineros destinados a la Dicomcar.
El monumento en el mismo sitio donde fueron hallados los cuerpos, recuerda a las chilenas y chilenos que la lucha por verdad en los casos de las violaciones de los derechos humanos, la concreción de la justicia y la reparación -en lo que humanamente es posible- forman parte de las tareas permanentes de nuestra democracia....
